El 35% de los andaluces votaron al partido que lleva gobernando en Andalucía 36 años. No se rompió el bipartidismo como auguraban los más optimistas, se hundió el PP, más la otra pata del bipartidismo, el PSOE, permanece incólume pese a las muchas cosas criticables del partido que gobierna en Andalucía desde que se estableció la Junta. Con una tasa de paro del 31.23%, un 8.38% más que en el conjunto del país, una mayoría de trabajadores agrícolas, 4,5 más que el resto del Estado, y una renta per cápita de 5.37 inferior a la media nacional, con 3,96 médicos por cada millón de habitantes cuando la media española es de 4,84 y separada en casi 4 puntos menos en cuanto a usuarios de Internet se trata, no se puede decir que Andalucía sea una región próspera.
Tampoco
es avanzada en cuanto a modernidad. Por ejemplo en cuanto a sentimientos religiosos,
porque es la autonomía en la que los alumnos de primaria y secundaria acuden
más a clase de religión o se casan mayoritariamente por la iglesia católica,
que concita el fervor de numerosas capas sociales, incluyendo políticos de
supuesta izquierda, como Susana Díaz que se proclama devota de la Esperanza de Triana
y de la Virgen del Rocío, y que fue catequista de joven. La presidenta andaluza nunca ocultó, sino muy
al contrario, hizo alarde de su pasión por la Semana Santa, apareciendo junto a
famosos como Antonio Banderas o el reaccionario torero Francisco Rivera. También
se proclama, como Felipe González o Alfonso Guerra -que son, según manifiesta, sus
iconos políticos-, aficionada a la brutal tortura de las corridas de toros.
Que
Susana Díaz, paradigma de la Andalucía tradicional, reaccionaria y casposa haya
revalidado los votos que obtuvo Griñan en los pasados comicios de esa
autonomía, a pesar de los escándalos de corrupción como los casos de los ERES o
de los cursos de formación, hace reflexionar sobre el anuncio de la supuesta
desaparición del bipartidismo. Cuesta trabajo entender cómo una región tan
machacada por la pobreza y la corrupción, por mucho que los socialistas no
aplicaran recortes tan brutales como los de Raxoi en el resto del Estado, haya
podido revalidar el triunfo de un partido que bien poco hizo en asuntos tan
dramáticos y lesivos para los ciudadanos como los desahucios, porque hay que
recordar que la ley que los paraba, y que representaba un gran avance social,
fue elaborada por sus aliados de IU en la pasada legislatura, unos socios de
los que Díaz tuvo mucha prisa en deshacerse en cuanto tuvo oportunidad. La ley
antidesahucios de la Junta la denunció el PP en el Constitucional, porque según
el partido de la banca, hacía daño a las entidades financieras. Declarada
inconstitucional por un tribunal en manos de la derecha más complaciente con el
PP, fue olvidada en un cajón de la Junta, después de que Díaz cesara a la
consejera de IU que la elaboro, y el substituto en esa consejería, del PSOE, ni
intentó elaborar una ley que, sin incumplir la Constitución, mitigase los
problemas de vivienda de los andaluces.
Los
resultados electorales del día 22 de marzo no dejan lugar a dudas, el triunfo
del PSOE, tras 36 años de gobierno en la Junta, son incuestionables, por mucho
que causen perplejidad a un buen número de observadores. Aun en el caso de que
no se aplicase la reaccionaria Ley D’Hont, que beneficia al partido más votado
en detrimento de los que van detrás de él, el PSOE ganó con una diferencia de
casi trescientos cuarenta y cinco mil votos por encima de su inmediato
seguidor, un PP hundido irremisiblemente y sin paliativos, como se han visto
obligados a reconocer los populares que, en otras ocasiones, recurrieron a
peregrinos argumentos para negar sus derrotas.
La
contundente, e inexplicable, victoria del PSOE tal vez hubiese sido menos
contundente de no aplicarse la Ley D’Hont, porque, a tenor de los votos
recibidos, el PP habría obtenido dos escaños más, Podemos hubiera llegado a los
19, Ciudadanos estaría equiparado con IU, porque ambas formaciones contarían
con casi el mismo número de escaños. Pero ni aun así, en el hipotético caso de
que se hubiese producido una coalición Podemos-IU, hubieran podido desbancar al
partido de Susana Díaz. Aunque una coalición de PP y Ciudadanos, sin aplicar la
Ley D’Hont, habría dado lugar a una situación de imposible gobernabilidad
porque ambos partidos, de derechas, hubieran contando con los mismos votos que
la Presidenta de la Junta: cuarenta y siete.
De
lo que no cabe duda es que el electorado andaluz sigue creyendo ingenuamente
que el PSOE es un partido de izquierdas, pese al carácter conservador de su
presidenta y a las decisiones del anterior gobierno de la nación, con Zapatero
al frente. Y que, dado ese concepto de que el PSOE es de izquierdas, sumando
Podemos e IU, los andaluces se decantaron mayoritariamente por la izquierda, ya
que fueron 2.272.707 ciudadanos los que optaron por ella, en tanto la derecha,
representada por PP y Ciudadanos, cosecharon 1.433.153, poco más de la mitad.
Cuesta
trabajo aceptar que la castigada Andalucía siga decantándose por el
conservadurismo del PSOE, que sacó a pasear como casus belli en las elecciones,
asuntos tan frívolos como que Podemos quería suprimir la Semana Santa, o
entregar la mezquita de Córdoba a los islamistas, como proclamó Vox, el partido
de ultraderecha al que prácticamente ignoró el electorado, al concederle tan
solo poco más de dieciocho mil votos. La honradez de Podemos, al hacer balance
del resultado electoral, contrasta con la arrogancia de Ciudadanos, que aun
habiendo conseguido miles de votos menos, se presenta como el ganador moral de
las elecciones contra el bipartidismo. Y es que el resultado de Podemos, que pasa
de cero a quince diputados autonómicos, no supone lo que ese partido y muchos
ciudadanos andaluces y de todo el Estado esperaban, que los dos partidos
clásicos, manchados por la corrupción y la insensibilidad ante dramas como el
de los desahucios, se licuaran en una derrota que permitiese cambiar una
situación que tendría que ser intolerable, de tener la ciudadanía mejor
criterio.
Es
de esperar que el resultado de los comicios andaluces no sea extrapolable al
resto del Estado, porque de serlo, diría muy poco del sentido común del pueblo
español.
